Durante la década de los años setenta el barrio de Can Tunis se encontraba en un proceso de decadencia y en progresiva desaparición. Buena parte del sector estaba formado por barracas salvo un pequeño núcleo de edificios situados al final del paseo de la Mare de Déu del Port, así como los pisos llamados de Pujol y de la calle de Fèlix Macià. La mayoría de sus vecinos eran de etnia gitana y en dificultades de integración. Es por ello que el Ayuntamiento de Barcelona planteó la construcción en la misma zona de una nueva barriada provisional destinada a integrar las numerosas familias gitanas de la zona, las cuales vivirían allí por un plazo de diez años, el tiempo suficiente para que (teóricamente) se integraran en la estructura social y urbana de la ciudad y estuviesen en condiciones de adquirir por su cuenta una nueva vivienda en otro barrio. Los precedentes se remontan a julio de 1970 cuando el último núcleo numeroso de población de Can Tunis es obligado a ser desalojado por la ampliación del puerto de Barcelona. Tras varias asambleas vecinales con el apoyo de la parroquia del Port se llegó a un acuerdo con las empresas constructoras para que a cada familia se la indemnizara con 150.000 pesetas. Como resultado en 1973 los vecinos realojados obtuvieron vivienda nueva en el barrio de la Mina, previo pago de 30.000 pesetas.
Las viviendas constaban de dúplex y se construyeron entre medianeras con una superficie útil de 100 metros cuadrados para familias de hasta ocho miembros, organizándose en una tipología de baja densidad que evitara la aparición de espacios de circulaciones comunes y de una máxima independencia para impedir posibles situaciones de conflicto. El diseño de las casas, en concordancia con la mentalidad de sus residentes, obedeció más bien a parámetros rurales que no urbanos. La nueva barriada se conoció como Poblado Experimental de Can Tunis, Can Tunis Nou e incluso Avilla Chavorrós por la escuela. La gestión fue a cargo del Patronato Municipal de la Vivienda. Las obras de construcción empezaron en marzo de 1978 y tuvieron una duración de once meses. El 22 de mayo de 1979 fueron a vivir los últimos barraquistas de Can Tunis y al año siguiente recibió uno de los premios de Opinión del Fomento de las Artes Decorativas (FAD) por su contribución a la erradicación del chabolismo.
A partir de 1980 el Patronato Municipal de la Vivienda dejó de cobrar los alquileres a los inquilinos y se desentendió del mantenimiento de las casas. El número de habitantes creció hasta llegar al centenar de familias, y para continuar viviendo allí procedieron a reconvertir los garajes y los locales comerciales en viviendas para los hijos a medida que éstos se iban emancipando, incluso se llegaron a hacer construcciones ilegales. La nueva barriada, que parecía haber sido ya olvidado por completo por su localización casi oculta y desligada de la ciudad, no logró la esperada integración social de la comunidad gitana, razón por la que pronto se convirtió en un gueto y en un foco de actividad marginales. Algunas voces culparon al mismo Ayuntamiento de Barcelona de haberlos abandonado y de asumir responsabilidades sociales. Pronto se asentó como fuente de ingresos mucho más garantizada que otras posibles alternativas el menudeo y la venta de droga, principalmente heroína. Diariamente se acercaban cientos de toxicómanos para comprar las dosis que necesitaban e inyectarse.
En 1992 el Ayuntamiento de Barcelona anunció su intención de derribar la barriada. La empresa municipal Regesa intentó negociar de forma individualizada con cada familia, pero ello sólo ocasionó más división y enfrentamiento entre las diferentes familias gitanas que tuvieron que aceptar indemnizaciones muy bajas para empezar una nueva vida lejos de Can Tunis, en un proceso traumático y lleno de incertidumbre por los afectados. En 2001 se inició el traslado de los vecinos y el derribo de las primeras viviendas. En algunos casos se produjeron incidentes por la negativa de algunos vecinos a negarse a abandonar las casas, lo cual obligó a un desalojo violento y forzoso. En diciembre de 2003 aún quedaban una veintena de familias que se resistían a abandonar sus hogares. Finalmente, en agosto de 2004 se marchó la última familia que todavía ocupaba una casa y un garaje tras aceptar la indemnización municipal. Hubo un pacto entre los clanes gitanos y el Ayuntamiento de Barcelona por el cual aquellos dejarían definitivamente la venta de drogas y éstos ofrecerían muchas más facilidades de otorgarles una nueva vivienda digna para todos. Una vez derribada toda la barriada los terrenos volvieron a formar parte del Puerto de Barcelona, el cual pagó al Ayuntamiento de Barcelona 6 millones de euros para poder hacer efectiva la ampliación del área de contenedores de mercancías y del aparcamiento de camiones.
Fotos: Guillem Valle, Maria Teresa Codina, Tocho 8 (tochoocho.blogspot.com).