Se cumplen cuatro décadas de la división de Barcelona en 10 distritos municipales, siendo la organización territorial y administrativa que con leves modificaciones nos ha llegado hasta la actualidad. Los orígenes históricos los encontramos en el gobierno municipal surgido de las elecciones municipales del 3 de abril de 1979 en las cuales salió elegido como alcalde de Barcelona Narcís Serra i Serra. Precisamente uno de los objetivos que se marcó fue la reforma, simplificación y modernización de la estructura administrativa de la ciudad. Desde 1949 no se había producido modificación alguna de la ciudad en 12 distritos municipales. Sin embargo, el nuevo Consistorio democrático, a modo provisional, efectuó una primera y provisional modificación, nombrando un solo concejal por los Distritos I y V (Ciutat Vella) y IV y VI (Eixample) y dividiendo el Distrito IX en Distrito IX-a o de Sant Andreu y Distrito IX-b o de Nou Barris-Turó de la Peira.
El 27 y 28 de junio de 1980 se celebraron las “Jornadas sobre Descentralización Municipal en las Grandes Ciudades” organizadas por el Ayuntamiento de Barcelona. Invitaron a los geógrafos Lluís Casassas y Joaquim Clusa a presentar una ponencia donde ambos expresaron sus opiniones acerca de la reorganización de la Administración municipal, pues los dos profesionales estaban entonces trabajando con la Fundació Jaume Bofill sobre la división y organización territorial de Cataluña. En aquellas Jornadas se expuso que los nuevos distritos debían tener, como mínimo, un “campanario grande”, debían ser de dimensión poblacional y extensión similar y debían tener estructura técnica para poder funcionar como si se trataran de ayuntamientos autónomos.
El consejero de Descentralitzación Jordi Vallverdú encargó en noviembre del citado año el trabajo de justificación de unos nuevos distritos y una hipótesis de los contenidos que parecieran más adecuados. Como resultado en junio de 1981 los citados geógrafos presentaron el primer estudio sobre la reorganización de los distritos municipales que había encargado el Área de Descentralización del Ayuntamiento de Barcelona.
De la necesidad de reorganización de los distritos se observaron desproporciones poblacionales entre los 12 distritos diferentes y una carencia de homogeneización, la presencia de unos distritos municipales con unas mínimas competencias y unos servicios municipales territorializados con un número muy diferente de unidades. Los nuevos distritos debían de ser significativos respecto de las relaciones urbanas existentes y de las unidades de vida colectiva (ya que el criterio más importante era el de conectividad o de relaciones diarias entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo) y desde el punto de vista de la organización municipal actual o propuesta (sin romper con los servicios entonces vigentes aumentando los gastos y la plantilla municipal). Los nuevos distritos propuestos serían lo suficientemente grandes y similares en población para poder gestionar con eficacia los servicios destinados a satisfacer las necesidades originadas en cada distrito. A su vez, serían lo suficientemente pequeños para que el ciudadano estuviera muy cerca de su administración local, pues en la descentralización de los servicios públicos la dimensión territorial y demográfica de los distritos propuesta era la más adecuada al poder gestionarse tanto a nivel de Barcelona como en el ámbito metropolitano.
En junio de 1983 se creó la “Ponencia de la División Territorial de Barcelona” bajo la dirección del geógrafo y teniente de alcalde Jordi Borja. Aquí el equipo de gobierno formado por PSC-PSOE y el PSUC, el grupo de CIU y el grupo de AP lanzaron sus propias propuestas. Paralelamente fue creada la Comissió Ciutadana per a l’Estudi de la Divisió de la Ciutat. Lluís Cassasas y Joaquim Clusa se encargaron de evaluar todas las propuestas. En uno de los informes presentados en el proceso de decisión final en octubre siguiente se decía que Barcelona constituía el centro de una aglomeración de cerca de 4 millones de habitantes y, por tanto, necesariamente, la organización en distritos municipales debía tender, cada vez más, a estructurar ordenamiento todo el entorno metropolitano, pues las viejas divisiones habían perdido operatividad y representatividad y se habían convertido en obsoletas y nada útiles. El 17 de octubre siguiente finalizaron los trabajos de la Ponencia y el 12 de diciembre, ya en la segunda legislatura, se aprobó el nuevo mapa municipal de los 10 distritos actuales tras un importante debate ciudadano. Por primera vez aprobar la división territorial de Barcelona había sido el resultado de un largo proceso social, político e institucional tanto dentro del Ayuntamiento de Barcelona como por la intervención de entidades ciudadanas, especialistas y partidos políticos. Por ese motivo la nueva división era fruto de un gran compromiso.
La Comissió de Descentralització Municipal i Participació Ciutadana trasladó al gobierno municipal la propuesta y, finalmente, el 18 de enero de 1984 en sesión plenaria se resolvieron las alegaciones presentadas y se aprobó la nueva división territorial de Barcelona en 10 distritos basados en realidades históricas, sociales y urbanísticas de los diferentes territorios pero sin reproducir literalmente los límites de los antiguos municipios que formaban la ciudad: 1 Ciutat Vella, 2 Eixample, 3 Sants-Montjuïc, 4 Les Corts, 5 Sarrià-Sant Gervasi, 6 Gràcia, 7 Horta-Guinardó, 8 Nou Barris, 9 Sant Andreu y 10 Sant Martí. Así, los distritos de Ciutat Vella y Eixample se correspondían con la Barcelona histórica; Nou Barris correspondía a una zona de crecimiento más reciente y con una fuerte personalidad; mientras que el resto de distritos respondían a los antiguos municipios añadidos a Barcelona. El 29 de febrero de 1984 la Generalitat de Catalunya aprobó la actual división territorial. El resultado final fue la aplicación de un modelo administrativo similar al de muchas ciudades importantes con región metropolitana, especialmente Londres. Así, los distritos municipales tendrían autonomía y capacidad de decisión y gestión económica propias, funcionando como si se trataran de microautonomías o como una especie de municipios independientes. Cada uno de los 10 distritos se egiría por el Consejo Municipal de Distrito el cual se encargaría de coordinar tanto los servicios como los bienes del distrito. Todos los Consejos Municipales de Distrito representarían a un distrito y estarían integrados por 15 consejeros nombrados por el alcalde de Barcelona. En función de los resultados electorales cada partido político tendría su propia representación. La Comisión de Gobierno de cada distrito estaría presidida por el concejal y tendría la función de órgano ejecutivo. Cada concejal de Distrito sería elegido directamente por el alcalde de Barcelona, de modo que no necesariamente ostentaría el mismo color político que el del Consejo Municipal de Distrito.
Años después, a los 10 distritos, las 233 áreas estadísticas básicas y las 1.061 secciones censales, el 22 de diciembre de 2006 se aprobó y delimitó la denominación de los 73 barrios de Barcelona (en sustitución de las 38 zonas estadísticas grandes) y el 1 de enero de 2014 las secciones censales se ampliaron a 1.068. En la actualidad existen cuestiones pendientes relativas a la delimitación de algunos barrios históricos y su incorporación en distritos donde no se sienten identitariamente identificados, así como la presencia de barriadas que, pese a su fuerte personalidad no han sido oficialmente reconocidas como unidades independientes. A todo ello, existen corpúsculos minoritarios de vecinos pertenecientes a aquellos distritos formados por los antiguos municipios agregados a la capital catalana que solicitan anexionarse de Barcelona y recuperar la independencia perdida, siendo Sant Andreu y Gràcia los casos más significativos.
Fotos: Ajuntament de Barcelona.
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