Estas declaraciones, tal y como han sido lanzadas, podrán ser interpretadas de distintas maneras. Sin embargo, y con independencia de si el señor Aznar está o no en su sano juicio, queda muy claro que el actual modelo administrativo español tiene algo que no funciona. Ya en la Transición, el olvidado Josep Tarradellas fue muy crítico con el llamado “café para todos”, célebre expresión acuñada por el entonces ministro de UCD, Manuel Clavero. Tarradellas consideró que solo debían haber dos o a lo sumo tres autonomías en toda España, es decir, aquellas que tuviesen unas características territoriales e históricas diferenciadas, como era el caso de Cataluña, Euskadi y Galícia, mientras que el resto de territorios debían de agruparse en base a su propia realidad pero no necesariamente como las autonomías históricas, sino creando por ejemplo una red de mancomunidades territoriales que permitieran una articulación y el establecimiento de una interrelación social, económica y cultural entre ellas. Así, pues, a Tarradellas le quedaba muy claro lo que verdaderamente era España pese a sus años en el exilio. Como hombre de estado, enseguida comprendió que no se podía implantar un modelo autonómico homogéneo en todo el país, ni siquiera federal, porque a la larga dejaría de funcionar correctamente al no poder disponer unas regiones de las mismas posibilidades y oportunidades de desarrollo y autonomía que otras regiones. Sabía que España era un país heterogéneo desde un punto de vista social, demográfico, económico y cultural, y en consecuencia resultaba imprescindible crear un modelo acorde para aquella desigual realidad. Al quedar desacreditado el modelo uniformizado porque obviamente y para desgracia de muchos cada región es diferente, no era aplicable un sistema político y administrativo uniforme para todos porque solo funcionaria y sería beneficioso para unos pero desatendería y marginaría a otros.
En el caso catalán, abogó por un estado autonómico similar al que se estableció durante la II República, con la supresión de las Diputaciones Provinciales y del Gobierno Civil, lo que permitiría un elevado grado de autonomía y de autogobierno aun formando parte de España. La Generalitat entonces podría asumir perfectamente el papel y las funciones desarrolladas por cada Diputación Provincial. No se trataba de otorgar preferencias y favoritismos hacia Cataluña, sino que cada región recibiese aquello que realmente necesitaba. Es falso afirmar que todas las comunidades autónomas deban de recibir lo mismo porque en caso contrario se discriminan unas en favor de otras. Cada una de ellas tiene unas particularidades propias, algo que debería de verse como una cualidad, una riqueza, una oportunidad y una fortaleza. Si cada región de España tiene una densidad de población, un número de habitantes, una cultura y unas pautas de comportamiento, un nivel de urbanización y un grado de desarrollo económico determinado y diferente una de otra, no tiene sentido invertir en todas ellas por igual porque las necesidades reales serán diferentes, en unas habría superávit y en otras déficit. Eso justifica la desigual distribución de las inversiones y la necesidad que haya un sistema administrativo diferente y adaptado a aquella realidad para que cada comunidad funcione mejor. Es absurdo buscar conflictos allá donde no existen y ver dicha realidad diferenciada como una discriminación. De ahí brotan los irracionales victimismos españolistas que afirman que los catalanes nos lo quedamos todo, robamos y expoliamos a España, acaparamos todas las inversiones estatales y que queremos ser ante todo superiores y privilegiados con respecto a los demás. Todos son tópicos rotundamente falsos y difundidos por desconocimiento e ignorancia, y perfectamente comparables a los tópicos que se atribuyen para atacar a la inmigración extranjera.
Es una realidad que unas comunidades necesiten más que otras, la existencia de una asimetría que en absoluto significa discriminación ni siquiera niega el derecho o la legitimidad de cada una de ellas a pedir y a recibir lo que merecen. Cataluña requiere de unas necesidades que otras comunidades no necesitan, y al revés, que algunas de estas requieran lo que Cataluña no necesita. Y volvemos a insistir, que eso no es discriminación ni desequilibrio territorial. Tarradellas tenía muy clara la necesidad de un hermanamiento y la solidaridad con todos los pueblos de España en tanto que el modelo nacional de Cataluña debía de basarse en el entendimiento con el resto del Estado español. Su modelo de autonomía no buscaba la ruptura ni la discriminación para el resto del país, ni privilegios o favoritismos, sino integración y concordia. Jamás atribuyó sus reivindicaciones nacionales a un complejo de superioridad como si el resto de españoles fuesen inferiores o no tuviesen derecho alguno de recibir aquello que les tocaba. Incluso huyó del célebre tópico acerca de que todos los problemas del pueblo catalán son culpa de Madrid o del gobierno central, como actualmente suele hacerse. Sencillamente estaba anhelado de una justicia social e histórica y que Cataluña recibiese aquello que por ende le correspondía.
Como tarradellista, vistas las recientes polémicas entorno al modelo de Estado y al modelo administrativo actual, el tiempo ha dado la razón al ignorado y enterrado Tarradellas y ahora son cada vez más los políticos que se dan cuenta de la actual situación insostenible y que alguna cosa debe de cambiar. El mítico "café para todos" ha pasado a la historia y ahora más que nunca es necesaria una reforma del estado de las autonomías adaptado a la realidad de cada comunidad, algo que permite la Constitución española. Aquellos partidos políticos que tanto alardean de ser fieles a la carta magna, ahora tienen la ocasión de demostrarlo abogando por un nuevo mapa de España que refleje y respete la realidad de cada territorio contribuyendo así a un mejor entendimiento entre todos.
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