La Constitución Española a reflexión

Mientras se celebra el glorioso "Día de la Constitución Española", la situación política se encuentra, como una vez escribió Francisco de Quevedo "en un tris, y está a punto de hacer un tras". Ironías aparte, un servidor nada tiene en contra de la Carta Magna sino todo lo contrario, pues en un estado de derecho se trata, a mi parecer, de una herramienta fundamental para contribuir al desarrollo de la nación, garantizar el bienestar, la estabilidad, la concordia y reforzar el sistema democrático.

Sin embargo, precisamente porque en la actualidad todavía contiene numerosos aspectos vigentes y positivos en cuanto a derechos sociales se refiere, merecería una revisión a fondo a fin de adaptarla a los nuevos tiempos. La fuerte crisis económica y el interminable estira y afloja entre el gobierno catalán con el gobierno central ha alertado acerca de una posible reforma de la Constitución. Aún así los problemas actuales tampoco deberían de achacarse a una supuesta obsolescencia de la Carta Magna porque ello supondría una forma práctica y sencilla de eludir responsabilidades de gobierno y encubrir fracasos. En este sentido, una cosa es que una ley esté anticuada y otra muy distinta que la política de un gobernante sea pésima e ineficaz.

Reformar una declaración de principios que afecta a tantos millones de personas corre el riesgo de hacerse en base a criterios de partido, por lo que jamás tendría una aceptación mayoritaria sino que contribuiría a dividir el país. Tanto detractores como defensores a menudo dan esa sensación de querer "congelar" o adaptar posibles cambios a intereses partidistas o bien para satisfacer las necesidades y aspiraciones de unas minorías. Algo tan serio y trascendental debe tener forzosamente el respaldo no mayoritario sino unánime de todas las fuerzas democráticas, aparcando intereses particulares en favor de un bien común. Unos hablan de dejarlo todo tal y como está y aprender a acatarla, otros hacen relación a un posible modelo de estado federal, otros a blindar la "indivisible" unidad de España, y otros a incluir en derecho de autodeterminación. Ante la situación actual y la disparidad de criterios ¿qué modelo de Constitución Española sería la mejor? Pregunta embarazosa y complicada que ni siquiera un servidor sería capaz de responder en dos palabras, aunque sí es posible una reflexión personal acerca de su función.

Cualquier Constitución, sea la española o la de cualquier estado, debe cumplir con un gran requisito como es que las leyes y el país estén al servicio de las personas, pues de lo contrario se establecería una sumisión basada en el callar y obedecer, una fórmula que obviamente solo complace a quienes bajo la máscara de demócratas desean un sistema rígido y autoritario basado en la perpetuidad de un modelo identitario. Cuando somos nosotros quienes debemos servir a la ley sin criticar ni cuestionar como si fuera sagrada se genera inestabilidad, nos sentimos desprotegidos y se engendran posturas inflexibles e intransigentes que impiden la correcta evolución de un país.

Sin embargo, cuando la ley está al servicio de las personas, ésta es democrática, satisface las necesidades humanas, defiende y protege al individuo y se convierte en una excelente herramienta encaminada a ayudar al progreso y al desarrollo. Ello refuerza el sentimiento de autoestima y se percibe la sensación de pertenecer a un estado fuerte, solidario y democrático, donde las personas son un agente prioritario. A su vez, se presiente que el estado está socialmente comprometido y aboga por el entendimiento, el respeto a la diversidad y a la concordia, reforzando así el sentimiento de orgullo de formar parte de ese país. 

La ley debe ayudar a ofrecer aquellas soluciones que la sociedad sea capaz de asumirlas e interiorizarlas como un valor humano, hecho que así contribuye al progreso de la civilización, a superarnos en el día a día y a ser mejores ciudadanos. La sociedad por naturaleza avanza a un ritmo que puede ser más rápido o lento en función de las circunstancias. Por ello una Constitución y, en particular, las leyes, deben ir a la misma velocidad o incluso más rápidas y anticiparse a ese futuro que se dilucida. Así es como una nación puede terminar siendo un modelo ejemplar y un referente para otras naciones vecinas. En particular, el reto de la Constitución Española es reivindicar el papel de la ciudadanía en tanto que las fuerzas políticas deleguen y permitan que las decisiones, grandes o pequeñas, sean el resultado participativo de todo el mundo y no de unos pocos. Es en definitiva desembocar a la esencia de la democracia real, generar ilusión a las gentes anónimas y sencillas de a pie, brindando la sensación de que forman parte de un gran proyecto y que son importantes y decisivas de verdad.

Poder juzgar la Constitución significa conocerla bien. Lamento quienes se muestran a favor o en contra sin haber leído ni siquiera un resumen o un solo párrafo, haciendo crítica constructiva o destructiva de algo que en verdad les es desconocido, fiándose irracionalmente solo de lo dice el partido con el cual se simpatiza. Es importante que todo el mundo tenga unas nociones básicas que permitan valorarla positivamente o negativamente con conocimiento de causa. No se trata de hacer adoctrinamiento ni de pretender crear una sociedad uniforme de pensamiento único, sino de hacer pedagogía, de adquirir unos conocimientos fundamentales que podrían ser decisivos para el futuro de todos, pues la ignorancia es el peor enemigo del progreso, de la paz y de la democracia. ¿Por qué para algunos enseñar en las escuelas qué es, qué contiene y cómo funciona la Constitución Española está visto como algo reaccionario o propio del nacionalismo español, cuando en realidad debería ser útil para engendrar futuros ciudadanos adultos, maduros y con capacidad de razonamiento, sea cual sea su ideología y su sentimiento de pertenencia?

Fotos: ABC, CEIP Luis Costa, El País, Vozpópuli.