Criminalizar los movimientos sociales como respuesta al fracaso de gestión

Está claro. Los movimientos sociales asustan a la clase política. No se prohíben porque en una democracia no se puede, pero siempre se procura que no sobrepasen aquellos límites que los gobernantes consideren peligrosos para sus propios intereses. Cuando eso sucede, lo más práctico es criminalizarlos para desautorizarlos y desprestigiarlos. Suele pasar cuando un gobierno no encuentra soluciones a los problemas reales y necesita excusar de alguna manera su mala gestión. El caso más reciente ha sido el de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Las declaraciones que comparan a este movimiento con la banda terrorista ETA han sido, hablando claro, mear fuera de tiesto.

En toda asociación, entidad, colectivo, asamblea u organización siempre pueden haber minorías conflictivas, pero jamás representan a la totalidad de un conjunto de personas sensibilizadas que trabajan por un mundo mejor. Actualmente, y mucho más bajo la crisis económica y financiera que padecemos, el problema de la vivienda es un gran caballo de batalla que requiere de una urgente solución. Aunque no pertenezco al movimiento Okupa, la actual situación invita a creer que no están tan equivocados como se cree, sino que el tiempo ha terminado por darles la razón. Personalmente he conocido a unos cuantos en persona, especialmente a los de la masía de Can Masdéu así como su singular manera de vivir. 

Ciertamente hay gente de todas clases en este movimiento, pero quienes tienen uso de razón debo admitir que sus argumentos son mucho más que razonables. Aunque yo no estaría dispuesto a vivir su forma de vida (o… quién sabe), ahora carezco de motivos para oponerme a ellos y contra cualquier ciudadano honrado que se vea necesitado a “okupar” una vivienda antes que quedarse en la calle. En casos de fuerza mayor, el instinto de preservación y supervivencia obliga actuar “ilegalmente” porque la ley ya no protege. Situaciones como la del barrio de Ciutat Meridiana, el núcleo con más desahucios de toda España (de ahí el apodo de “Villadesahucio”) son un lamentable ejemplo de lo que jamás debería suceder. Merece puntualizar que esta flamante barriada construida sobre unos terrenos que antaño se consideraron inadecuados para un cementerio debido al exceso de humedad, se halla cerca de un nuevo e impecable conjunto de viviendas de diseño a imitación del estilo arquitectónico de Frank Gehry, alrededor de la estación ferroviaria de Torre Baró. Irónicamente, debido al aspecto “abombado” de las fachadas, algunos lo llaman “el Guggenheim”. La particularidad de tal puntualización es que dichos bloques se encuentran totalmente deshabitados, constituyendo un moderno minibarrio fantasma. Mientras tanto, en el otro lado, a unos pocos metros, hallamos familias desahuciadas y gente en la calle, algo tan vergonzoso que merecería ser denunciado en la Unión Europea.

Cuando se dice que la Constitución española en el capítulo 47 del título 1 defiende que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, a efectos prácticos se trata de un derecho muy a menudo de difícil acceso debido a los elevados precios tanto de los alquileres como de las ventas. Es equiparable a afirmar que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de un Rolls Royce… por supuesto que sí, siempre y cuando se abonen los 350.000 o 500.000 euros que vale adquirir un modelo de esa marca de coches. Cuando un derecho cuesta de alcanzar, deja entonces de serlo a efectos prácticos para convertirse en un privilegio. Actualmente se recogen los malos frutos de un modelo de capitalismo donde no cabemos todos porque el bienestar se fundamenta en un juego donde forzosamente estás abocado a arriesgar y tienes las mismas posibilidades tanto de triunfar como de fracasar. Este modelo se ha agotado y perdurarlo conlleva al estancamiento y al fracaso de la mayoría que quiere prosperar, que arriesga sus ahorros y se arruina, que tiene la sensación de ganar menos y debe pagar más. Ya no podemos ser el homo oeconomicus al servicio de la economía, sino que la economía debería de estar a nuestro servicio.

Nos encontramos en un momento extremadamente delicado que podría abocar a millones de españoles a la pobreza y a la calle porque las leyes vigentes, ineficaces en situaciones de dificultad, carecen de sensibilidad social y no aportan soluciones. La existencia de los movimientos sociales no responde a un capricho, a una demagogia de los cuatro progres de turno o a un mero acto de rebeldía, sino que es una respuesta a algo del sistema que funciona mal y se traduce en perjuicio para la ciudadanía. Su criminalización no es más que una postura egoísta por parte de quien vive bien en este modelo de sistema, aunque esté en crisis, ignorando la realidad como si nada sucediera y despreocupándose de quienes lo padecen.

Junto con la educación y la sanidad, la vivienda es otro gran derecho universal, fundamental e innegociable al cual deberían ofrecerse las máximas facilidades posibles de acceso con independencia del grado de pobreza de la persona. El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales afirma que “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

Cabe ahora preguntar por qué el Derecho Universal a la Vivienda no es un documento obligatorio o vinculante, especialmente en aquellos estados presumiblemente democráticos. Hasta cierto punto se puede entender que debe aplicarse una ley para evitar el caos y el desorden, pero permítanme discrepar cuando se dice que la ley está por encima de todo, porque por encima de la ley se encuentra el progreso y la evolución de una sociedad que clama a gritos un cambio necesario, fundamental e imprescindible que es imposible eludir. La ley es humana, luego es imperfecta y falla, y debe de adaptarse a los nuevos tiempos si se quiere que funcione correctamente. Pero para dicho funcionamiento y para que su cumplimiento sea real, en beneficio absolutamente de todos y evitando la corrupción, la ley, al igual que una constitución de estado o un estatuto autonómico, tiene que estar al servicio de las personas y no al revés. De ese modo se garantizará la democracia real.