Mucho ruido y pocas nueces

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha resuelto finalmente que la lengua castellana también debe de ser, igual que la lengua catalana, vehicular en la enseñanza obligatoria, de modo que las familias que lo soliciten podrán escolarizar a sus hijos en castellano, aunque ello no les eximirá de aprender catalán. Todo queda igual en unos discursos totalmente estériles y nada inteligentes. Mucho ruido y pocas nueces. De hecho, si hacemos un breve repaso, la Llei 1/1998 de 7 de gener de Política Lingüística ya establece en el Artículo 3 Les llengües oficials del Capítol preliminar. Principis generals que tanto el catalán como el castellano son las lenguas oficiales de Cataluña y que ambas pueden ser usadas indistintamente por la ciudadanía sin discriminación. En el Artículo 4 Els drets lingüístics se establece la necesidad de crear aquellas condiciones que garanticen plena igualdad en cuanto a derechos y deberes lingüísticos se refiere, es decir, conocer, expresarse, usar libremente y ser atendido en ambas lenguas sin discriminación alguna. En el Capítol III. L’ensenyament el Artículo 21 L’ensenyament no universitari indica que los estudiantes tienen el derecho a recibir su primera enseñanza en su lengua habitual garantizando los medios necesarios para hacerlo efectivo, y que al terminar la educación obligatoria deben de dominar correctamente ambas lenguas. En definitiva, tal y como se puede comprobar, la Ley de Política Lingüística ya contemplaba exactamente lo que estas tres familias demandantes y algunos partidos políticos y entidades han estado solicitando durante tantos años, lo que demuestra el absurdo e irracional de este eterno conflicto que solo ha servido únicamente para vender votos, infundar prejuicios y dividir a la sociedad. Solo cambia que ahora la lengua castellana también será vehicular en la enseñanza obligatoria.

El conflicto lingüístico es minoritario pero muy ruidoso y con gran capacidad de propagación al tratarse de un “ataque fácil”. Nací en Cataluña hace cuarenta años, y en las cuatro décadas de mi vida en esta tierra los problemas al respecto han sido siempre puntuales, por parte de personas inflexibles, radicales e intransigentes tanto del bando catalanista como del españolista. Yo mismo he sido víctima de ambos bandos algunas veces en circunstancias absurdas y excepcionales, pero ello no vendría a justificar la existencia de una dictadura lingüística o bien de prohibiciones. Siempre habrá minorías locales que mostrarán repulsión hacia la lengua castellana o hacia todo aquello que no huela a catalán así como minorías foráneas que querrán vivir en Cataluña exactamente igual que en su tierra sin intención alguna de integrarse. Sin embargo, con independencia de las opiniones personales sobre el tema que cada persona tiene, existe un gran espacio mayoritario donde la convivencia entre catalanohablantes y castellanohablantes es buena. Cataluña nunca ha sido y nunca será ese estado de excepción donde se persigue a quien no comulgue con la lengua catalana, tal y como quieren hacernos creer. Buena parte de la ciudadanía del resto de España que viene a visitarnos se marcha con una idea diferente sobre nosotros a la que tenían establecida, y ello no es por casualidad, sino porque la realidad es la que se impone por encima de mitos y mentiras infundados por minorías radicales, periodistas y políticos. Y para quien no lo crea, que se dirija a los colectivos castellanohablantes y les pregunten.

La diversidad lingüística es o debería de ser un motivo de orgullo por los beneficios y el enriquecimiento que conlleva, nunca un obstáculo o una razón para entablar una guerra social. No cabe la menor duda para quienes vivimos en Cataluña desde toda la vida o desde hace muchos años que la llamada “dictadura del catalán” es un mito. Sin embargo, ello no significa que no existan defectos a nivel de política lingüística que se podrían mejorar, corregir o derogar, pero estos no deben tomarse como el todo cuando son solo una parte. Así, por ejemplo, a la inmersión lingüística merecería efectuarle un repaso sobre los resultados reales de su aplicación durante estas últimas tres décadas no por parte de políticos sino por pedagogos, lingüistas y filólogos que aporten sus puntos de vista desde la mayor neutralidad e imparcialidad posible. Es motivo de celebración y de tranquilidad que ahora todos los partidos políticos hayan llegado a la brillante conclusión de que el alumnado no se puede separar por su lengua habitual, incluso quienes defienden la doble línea educativa. Hay que puntualizar en relación al fracaso escolar, que tanto los resultados académicos como las estadísticas demuestran que este fenómeno no se debe a que la lengua catalana sea un obstáculo y contribuya especialmente a los alumnos castellanohablantes a obtener peores resultados académicos, sino a un problema del propio modelo educativo y a la aplicación de un sistema de enseñanza deficiente que debería de mejorarse. En definitiva, se trata de un problema global que también afecta a las comunidades autónomas de habla castellana, luego el mal no reside en las lenguas sino en la metodología de enseñanza. De aplicarse métodos pedagógicos similares al modelo noruego (considerado de los mejores del mundo) o a los de la Segunda República (desgraciadamente enterrados por los de siempre) se obtendrían mejores resultados y quedaría demostrado que las lenguas no son obstáculo sino una manera de mejorar la comunicación con los demás.

Un aspecto que debería corregirse es el relativo a la rotulación de calles, indicativos y señales y la rotulación y comunicados de los organismos, empresas, instituciones, entidades y administraciones oficiales, es decir, relacionadas con Ayuntamiento, Consejo Comarcal, Diputación, Generalitat y Estado, que siempre deberían de estar expresadas en todas las lenguas oficiales de un territorio, ya que se trata de organismos que representan a toda la población de derecho y, por tanto, a las diferentes realidades que son sin excepción alguna ineludibles: la catalana, la Castellana y la aranesa. Finalmente, deberían de derogarse las multas lingüísticas, puesto que carece completamente de sentido sancionar el uso de una lengua que también es oficial como si ello fuese un acto deliberadamente malicioso contra la lengua catalana. Ciertamente el catalán es la lengua débil y minoritaria y por ello debe de ser estimulada, fomentada, potenciada y normalizada para que ocupe el lugar donde merece estar, pero nunca mediante esta clase de acciones que conllevan a la incomprensión y, finalmente, a la antipatía. Y pese a esas anomalías y a las truculencias de la clase política, y salvo excepciones que las hay en todas partes del mundo, permítanme que vuelva a insistir que no existe conflicto lingüístico en Cataluña. Germans, germanes, aneu en pau.